Un pacto oculto y una traición a los salvadores de la UD Las Palmas en 2002. Así se escribe la trastienda del préstamo de 1.600 millones de pesetas concedido a ocho empresarios con destino a la UD, y donde 300 millones se destinaron a otros fines que no eran los fijados por el equipo amarillo.

El puzzle diseñado hace seis años para evitar la liquidación de la Unión Deportiva, acaba de revelar que los empresarios Germán Suárez, Alfredo Morales y Manuel García Navarro se beneficiaron del club amarillo a costa del crédito de salvación de La Caja de Canarias. El más agraciado fue el inversor portuario Germán Suárez.

La operación se fraguó entre estos tres empresarios, La Caja y la Unión Deportiva y se saldó en menos de 24 horas. Todo se precipitó en el mediodía del 30 de julio de 2002, la víspera en la que UD iba a ser desahuciada por impagos al arrastrar un pasivo prioritario de casi 8 millones de euros (unos 1.500 millones de pesetas).

En la reunión del día 30 participaron entre cuatro y cinco personas, aunque, por ahora, sólo han trascendido los nombres de Germán Suárez, del ex consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Gonzalo Angulo, y del entonces presidente de la UD, Luis González.

El encuentro se celebró en la inmediaciones de Triana con un único punto en el orden del debate: zanjar las deudas que la UD tenía contraídas con La Caja a través de las pólizas avaladas por Suárez, García Navarro y Morales. Sin consenso, el préstamo de 1.600 millones de pesetas con ocho empresarios, a razón de 200 millones a cada uno, era inviable.

De esa reunión no tuvieron constancia alguna los otros firmantes del acuerdo y, al conocerse el pasado jueves, el informe jurídico presentado por La Caja al Juzgado de lo Mercantil, han saltado las chispas patronales.

Durante la vista de la denuncia por impago presentada por los grupos Freiremar y Boluda, a los que la UD les adeuda unos 410 millones de pesetas (el juicio fue aplazado a julio), los demandantes conocieron los mecanimos que emplearon al menos tres empresarios para beneficiarse, de forma anticipada, de la situación crítica de la UD.

Germán Suárez fue el que más partido sacó de la operación. A través de su empresa Viñedos de Maspalomas, el operador portuario canceló pólizas y pagarés que le adeudaba Las Palmas, además de afrontar el finiquito del ex director técnico del club, Sabino López (70 millones), al que le une una amistad personal. En total, del préstamo que La Caja concedió a Suárez por 200 millones, la Unión Deportiva sólo percibió 47.000 pesetas. El resto hasta 200 millones se destinó a otros fines que no figuraban en los acuerdos y documentos notariales que firmaron los ocho empresarios salvadores de la UD.

Los otros dos empresarios que tampoco ingresaron los 200 millones acordados fueron el hotelero y empresario aeronáutico Alfredo Morales (163 millones) y Manuel García Navarro (130 millones). Los que suscribieron los créditos en su totalidad fueron, junto a Freiremar y Boluda, la constructora Matías Marrero y el constructor y exportador platanero Félix Santiago. Con posterioridad, Marrero y Santiago condonaron sus respectivas deudas a la UD, mientras que José Sánchez llegó a un acuerdo posterior con Luis González para que se le abonasen 160 millones de los 200 del préstamo.

Al parecer, los responsables de la UD, Germán Suárez y los políticos que auspiciaron la operación (Román Rodríguez, Carmelo Ramírez y Gonzalo Angulo), pudieron ocultar deliberadamente a Freiremar y a Boluda los acuerdos bajo mesa con la entidad financiera.

La Caja, no obstante, cumplía de forma rigurosa su papel financiero, ya que la operación fue consultada al Banco de España, que valoró el riesgo si no se satisfacían primero los pagarés que aún arrastraba la Unión Deportivas. Al final, la entidad traspasó unos 1.300 millones, el club evitó la disolución y pagó a sus acreedores más urgentes, como las fichas federativas, agencias de viajes y recibos de agua, luz y teléfono.